Serafín Castellano muestra su satisfacción por que la Ley de Custodia Compartida nacional se base en los principios rectores de la norma valenciana
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha mostrado hoy su satisfacción por el hecho de que la nueva Ley de Custodia Compartida anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se base en “los grandes principios rectores de la ley valenciana”.
Castellano se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión con representantes de diversas asociaciones de custodia compartida. Así, ha resaltado que las primeras informaciones sobre la nueva ley nacional apuntan a que “muchos de los puntos estratégicos y fundamentales están basados en la ley valenciana que se aprobó desde el consenso y el diálogo con todas las asociaciones y otros colectivos”.
En concreto, ha destacado que se pretende eliminar, como ya contempla la norma valenciana, la excepcionalidad del artículo 92 del Código Civil en cuanto a la custodia compartida, incluir el pacto de convivencia familiar que recoge la ley autonómica para que los progenitores puedan exponer al juez un régimen de visitas y convivencia económica y familiar.
Se trata de aspectos “realmente importantes” con el objetivo de que “el interés del menor siempre sea el que prevalezca antes de que el juez tome la decisión y se pueda tener en cuenta siempre la decisión que los padres han adoptado en el pacto de convivencia familiar, así como que el informe del fiscal no sea obligatorio”.
Para el secretario general del PPCV, es “una satisfacción” que la norma nacional recoja los principales aspectos de la autonómica, por lo que ha considerado que desde el PPCV y la Generalitat hay que “seguir trabajando” y para ello estar “en contacto permanente con las asociaciones”.
La línea que adopta el Gobierno del PP, ha dicho, “es el camino a seguir y va a hacer que la aplicación de la ley valenciana, que ya está en vigor, siga favoreciendo y defendiendo los derechos esencialmente del menor, que es lo que todos defendemos”, el que “el interés superior del menor sea lo que haya que proteger y defender por encima de todo”.
